Infectados a la fuga, vecinos asustados y médicos desbordados: un día en las Urgencias

Por mucho que el Gobierno quiera calificar la invasión de Ceuta por unas 80.000 personas, mayoritariamente marroquíes, como una crisis migratoria, estamos en presencia de una invasión desde el punto de vista del derecho internacional público contemporáneo, que considera que la invasión del territorio de un Estado es un acto estrictamente ilícito y constituye una violación flagrante de la soberanía y la integridad territorial, como lo ha calificado también recientemente el Parlamento Europeo, que insta a Marruecos a recibir a los que invadieron Ceuta y permanecen en ella, dejando claro que Ceuta es España y que su frontera es la de la Unión Europea.

En cuanto que una invasión supone entrar por la fuerza y ocupar de forma irregular el territorio de un Estado, es un acto de agresión según la Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General de la ONU, que viola de forma directa el artículo 2, párrafo 4, de la Carta de las Naciones Unidas, el cual prohíbe explícitamente la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.

Y los líderes estatales y mandos militares que planeen o ejecuten una invasión pueden ser perseguidos penalmente de forma individual ante la Corte Penal Internacional (artículo 8 bis de la Corte Penal Internacional).