Estudiantes, profesores y centros educativos en primera línea de batalla

A menudo no se valora la oportunidad educativa hasta que se pierde. La educación es un derecho humano fundamental y universal, sin embargo la desigualdad en el acceso es un problema que afecta cada vez a más personas, sobre todo en un contexto de guerra donde los ataques a escuelas y hospitales se encuentran a la orden del día. Se calcula que se produjeron hasta 6.000 ataques contra la educación entre 2022 y 2023.

En la actualidad, existen muchas guerras activas reconocidas a nivel mundial, en concreto 56. Las leyes de la guerra, o derecho internacional humanitario (DIH), son un conjunto de normas internacionales que establecen lo que se puede y no se puede hacer durante un conflicto armado. El principal objetivo del DIH es preservar un poco de humanidad para salvar vidas y aliviar el sufrimiento, permitiendo además, que sea posible volver a convivir cuando termine la guerra. Sin embargo, son numerosas las ocasiones en las que estas normas se vulneran.

Un estudio global de Coalición Mundial para proteger la Educación de los Ataques (GCPEA) ha destacado un aumento de casos y de frecuencia de los ataques a la educación en escuelas, universidades, estudiantes y personal en 2022 y 2023. Desde India hasta Colombia, desde la República Democrática del Congo hasta Palestina, estudiantes y profesores son asesinados, violados y secuestrados, mientras que los centros escolares y universidades son bombardeados, quemados y utilizados con propósitos militares.