El laberinto de la vivienda

Que el acceso a la vivienda constituye un serio problema en buena parte del país —al menos en la parte del país que prospera— resulta evidente. Es tal la disociación entre su precio y los ingresos medios de la mayoría, estancada como está nuestra productividad desde hace décadas, que procurarse un lugar donde vivir exige cada vez mayor esfuerzo financiero a individuos y familias. Asunto distinto es que nos pongamos de acuerdo sobre las causas del fenómeno o podamos llegar a conclusiones parecidas acerca de lo que deba hacerse para mitigar sus efectos.

Ahí es donde la cosa se pone fea, ya que los manifestantes del pasado domingo parecían compartir una creencia que los datos empíricos no avalan: aquella según la cual el precio de la vivienda en alquiler —¿también en venta?— puede reducirse mediante el control público. Es una creencia cuya diseminación conviene al Gobierno, ya que le sería posible «resignificar» las movilizaciones como una crítica contra las comunidades autónomas —la mayoría gobernadas por el PP— que se niegan a aplicar tales controles pese a que la Ley de Vivienda les faculta para ello.

Todo indica, sin embargo, que solo un aumento formidable de la oferta permitiría moderar el precio de la vivienda, cuyo encarecimiento continuado —antes en Málaga que en Palencia— obedece a múltiples causas que convergen en una sola: la dramática reducción del stock disponible en relación con una demanda creciente.