El Gobierno y las comunidades debaten sobre la reubicación de menores migrantes

Sin embargo, regiones como Andalucía, Castilla y León o Cantabria, gobernadas por el PP, han expresado desde el anuncio de la medidad un rechazo frontal al decreto, al que acusan de invasión competencial y de falta de diálogo. Además, algunas comunidades, como Aragón o Madrid, siguen sin aportar las cifras que el Ministerio solicitó hace ya un mes sobre el número de menores atendidos en 2024 y la capacidad de sus sistemas de acogida, o mantienen los datos de manera general, lo que dificulta al Ejecutivo conocer la situación «real» del sistema de acogida de menores extranjeros no acompañados.

La polémica se ha intensificado también por el número de menores que podrían acabar en Cataluña. Según refleja el acuerdo firmado entre el PSOE y Junts, la región podría acoger entre 20 y 30 de los 4.400 menores que está previsto que partan de Canarias y Ceuta, los territorios más tensionados en la actualidad. Esta cifra ha supuesto el rechazo inmediato de algunas autonomías, como Madrid, que ya ha anunciado que recurrirá la medida tanto ante el Tribunal Constitucional como ante la Unión Europea, al considerar que, según los pronósticos del Ministerio, podría recibir cerca de 700 menores.

El Gobierno, sin embargo, justifica esta asignación como un reconocimiento al esfuerzo previo, en este caso de Cataluña, que ya acoge a más de 6.400 menores. A pesar de que las comunidades gobernadas por el PP han sido las más críticas con la reforma de la ley de extranjería, también hay sectores dentro del PSOE, como ya ha ocurrido con iniciativas anteriores, que han expresado su desacuerdo con el decreto que modifica el artículo 35 de la ley de extranjería y que están en proceso de estudiar la posibilidad de recurrirla en los tribunales.