El Gobierno obligará a grandes empresas y administraciones públicas a registrar su huella de carbono

Esta normativa obligará a calcular anualmente la huella de carbono y establecer un plan de reducción de emisiones a cinco años con medidas «concretas» para conseguirlo. Las administraciones públicas deberán registrar sus datos en un documento público, mientras que para las empresas este trámite es voluntario.

El real decreto incorpora no solo a las grandes empresas, sino también a la administración. Así, los departamentos ministeriales de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, así como las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social, y otras entidades del sector público administrativo estatal deberán calcular de manera anual la huella de carbono de su organización según los requisitos establecidos en esta normativa.

«Tenemos por delante un plan ambicioso y alineado con la neutralidad climática», indicó Aagesen, que afirmó que luchar contra el cambio climático «no es dogmatismo, sino responsabilidad». Como forma de crítica al acuerdo firmado entre el PP y Vox en la Comunidad Valenciana para los Presupuestos, la ministra aseguró que «la inmensa mayoría de la ciudadanía española no es negacionista y respalda las actuaciones contra el cambio climático». «Los españoles están pidiendo a los gobiernos que hagamos más, no menos», aseguró.