Las sentencias contra el Estado cuestan 1.000 millones anuales por el «uso inadecuado» de los reales decretos

De media el gasto anual son cuatro décimas de PIB, unos 1.000 millones de euros, pero puede oscilar hasta los 10.000 millones (0,9% del PIB) como fue el caso del año 2021, según los datos extraídos por la Airef del IGAE. Este problema viene derivado del «uso inadecuado» de los reales decretos ley, aseguran fuentes del organismo.

Además, advierten de que recientemente se han dictado sentencias desfavorables para las administraciones públicas de «elevada cuantía» cuyo efecto se extenderá al ejercicio 2024 y a los años siguientes. Estas sentencias podrían sumar otros 12.000 millones a las cuentas públicas por sentencias como la del Impuesto de Hidrocarburos, que podría suponer 6.500 millones de euros.

Los procesos en curso podrían «agravar el déficit de los próximos años» por arbitrajes internacionales en materia de energía, contenciosos en el sector del transporte y cuestiones fiscales aún por resolver en tribunales nacionales e internacionales.