El Gobierno comienza a encauzar al millar de menores solicitantes de asilo en Canarias

Así queda reflejado en el informe quincenal remitido este lunes al Tribunal Supremo, donde las dos administraciones reconocen su incapacidad para consensuar una salida efectiva a la sobreocupación de los recursos de protección insulares.

La apuesta de Moncloa por aumentar la capacidad de los centros de acogida en Canarias en lugar de reubicar a los menores solicitantes de asilo en la Península "incumple" tanto el espíritu como la letra de la orden del Tribunal Supremo, según las fuentes consultadas en el Ejecutivo autonómico.

El espíritu, porque el Supremo decretó el pasado 24 de marzo que la situación de "hacinamiento" de los menas era "evidente". Y la letra, porque lo que ordenó el Alto Tribunal fue que el Estado se hiciera cargo de todos los solicitantes de asilo "en un plazo de 10 días" que expiró a inicios de abril.