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El Constitucional se inclina por anular el eje central de las condenas de los ERE

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El caso de los ERE de Andalucía afronta esta semana el último capítulo de su trayectoria judicial.

El pleno del Tribunal Constitucional tiene previsto estudiar y sentenciar los primeros recursos de políticos andaluces condenados a cárcel e inhabilitación por el sistema de ayudas de la Junta de Andalucía que, según los jueces, repartió sin control cientos de millones de euros de las arcas públicas durante los gobiernos de los socialistas José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

Esas condenas por prevaricación y malversación llegan cuestionadas no solo por los recursos de los condenados: la Fiscalía también pone en duda parte de las condenas, dos magistradas del Supremo discrepan sobre que se malversara dinero público y el borrador de sentencia que estudiará el tribunal de garantías propone estimar, al menos en parte, las alegaciones de los exdirigentes de la Junta.

El Tribunal Supremo sentenció en firme que en Andalucía existió durante más de una década un sistema de ayudas que, en la práctica, desembocó en un descontrol total en la adjudicación de casi 700 millones de euros. El dinero tendría que haber ido a empresas y trabajadores, pero fue repartido de forma arbitraria. Las condenas variaron entre la inhabilitación del delito de prevaricación y la cárcel de la malversación: el expresidente andaluz José Antonio Griñán, entre otros, fue condenado a seis años de prisión y el también exmandatario Manuel Chaves fue inhabilitado por nueve años.