Sergio Ramos, tras los pasos de Gerard Piqué

El motivo no es deportivo, sino legal. La Ley del Deporte y los Estatutos de la Federación Española de Fútbol impiden que un jugador en activo mantenga intereses económicos, directos o indirectos, en competiciones en las que participe. Una normativa que entró en vigor tras el precedente de Gerard Piqué, actual presidente del Andorra, y que busca evitar cualquier conflicto de intereses entre futbolistas y organizadores de competiciones.

El exfutbolista azulgrana fue el detonante de esta reforma legal después de que participara, mientras seguía en activo defendiendo los colores del Barcelona, en la intermediación que llevó la Supercopa de España a Arabia Saudí a cambio de una comisión económica, con Luis Rubiales en la presidencia federativa. Aquella situación provocó una reacción institucional que cristalizó en una cláusula conocida popularmente como la 'Ley Anti-Piqué', pensada para blindar la imparcialidad y la integridad del deporte profesional.

Aplicada al caso actual por la posible entrada de Sergio Ramos en el Sevilla es clara: si el futbolista de Camas se convierte en accionista relevante -o propietario- del conjunto hispalense, automáticamente quedaría inhabilitado para competir como futbolista en cualquier equipo de Primera o Segunda. Una situación que le impediría vestir la camiseta del propio Sevilla y la de ningún otro equipo del fútbol profesional español mientras mantenga esa vinculación societaria. Su futuro como jugador, en ese supuesto, solo pasaría por poder jugar en ligas extranjeras.