La Guardia Civil cuestiona la cualificación y supervisión de los técnicos que validaron las soldaduras de Adamuz

El informe 2026-100533-2, fechado el 27 de marzo de 2026 y remitido a la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montoro, no solo certifica que la fractura en el carril que provocó el descarrilamiento del Iryo tuvo lugar 22 horas antes del siniestro y que esta rotura no fue detectada por los sistemas de alerta.

El detallado documento, al que ha tenido acceso este periódico, también hace hincapié en las múltiples dudas del instituto armado sobre la fiabilidad de los controles realizados durante la última remodelación, en la que se unieron vías de 1989 con raíles fabricados en 2023, así como sobre la documentación aportada por las empresas implicadas.

Uno de los aspectos más relevantes que subraya el atestado es la existencia de «distintas incongruencias» detectadas en la documentación técnica analizada. En concreto, los investigadores señalan que dichas anomalías «consistían, según los investigadores de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), en dudas sobre la validez de las firmas, que no son ni manuscritas ni electrónicas, y en el control de versiones de los documentos aportados, figurando fechas posteriores al control de la versión».