El Defensor del Pueblo lleva al Constitucional la nueva ley trans de Ayuso

Ángel Gabilondo considera que al menos uno de los cambios introducidos por Ayuso en la ley regional trans aprobada en 2016 por el Gobierno popular de Cristina Cifuentes es inconstitucional, porque «patologiza a los menores y vulnera sus derechos a la intimidad y al libre desarrollo de su intimidad», motivo por el que pide que sea anulado por los magistrados del tribunal de garantías.

La ley de 2016, aprobada cuando el PP madrileño no rivalizaba con Vox y sí buscaba absorber el centro liberal de Ciudadanos, reguló en su artículo 14 las condiciones que debía reunir un menor en esta autonomía para poder recibir en el momento adecuado de la pubertad el tratamiento hormonal que le permitiese obtener los caracteres del sexo sentido. En concreto, debía someterse al examen previo de su pediatra y contar con la autorización para el tratamiento de sus padres o tutores o, en su caso, del juez que los sustituya.

Sin embargo, este artículo sufrió una modificación sustancial en diciembre pasado. La mayoría popular añadió un inciso, el 14.2-b, por el que impone a quien pretenda recibir el tratamiento farmacológico exigencias añadidas a las anteriores, que para el Defensor del Pueblo ya resultaban «suficientes» para preservar durante este proceso la seguridad y interés superior del menor.