Sanidad pide a la Abogacía del Estado que obligue a Madrid a crear el registro de objetores al aborto

El Ministerio y la Comunidad de Madrid están enfrentados desde hace un año por este listado de profesionales que apelan a la objeción de conciencia para no realizar interrupciones del embarazo. En marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid obligó al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que iniciara los trámites para crear el registro. Antes, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se rebeló contra el Gobierno y se negó a formalizar este registro con el argumento de que no quería «señalar y perseguir a quienes abortan ni a quienes practican o no abortos».

La ley del aborto del 2023 regula la objeción de conciencia «como un derecho individual de cada profesional sanitario, que debe manifestarse con antelación y por escrito». Para hacerlo, estipula que las comunidades deben poner en marcha «un registro de objetores de conciencia del personal sanitario, garantizando la seguridad jurídica y el pleno respeto del derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo y el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario».

«La objeción de conciencia, que es un derecho individual, debe organizarse de forma compatible con el acceso efectivo. Y el sectarismo de un gobierno autonómico nunca puede convertirse en un obstáculo para ejercer un derecho que está reconocido por ley», señaló Mónica García durante la presentación de una campaña para «combatir la culpa y el estigma que todavía rodea al aborto».