El CGPJ señala que el nuevo acceso a la carrera judicial y fiscal socavará la independencia

El Consejo General del Poder Judicial, que es la institución mediante la que se trata de asegurar la independencia de todos y cada uno de los jueces de España frente a posibles deseos del poder político de influir en sus decisiones no ha tenido buena fortuna, cuando su régimen jurídico se ha pasado por el cernidor del Tribunal Constitucional.

La primera vez que así se hizo fue al someter a enjuiciamiento una disposición legal del año 1985 (presidente del Gobierno, Felipe González), en la que, modificando una de 1980 (presidente, Adolfo Suárez), se ordenaba que los doce vocales jueces que, según la Constitución, compondrían el Consejo, –sumados a los ocho juristas nombrados por el Parlamento–, no fuesen elegidos por los jueces, sino por el Congreso de los Diputados y el Senado.

La sentencia que resolvió el recurso perdió por unanimidad la óptima ocasión que tuvo de evitar la consolidación de un sistema que –como en ella se indicaba– conducía al probable riesgo –que realmente se consumó– de que los parlamentarios se limitasen a adjudicarse cada partido los vocales según su respectiva fuerza –las famosas cuotas–, riesgo que el Tribunal consideraba tan evidente, que incluso hizo explícito su deseo de que el sistema fuese sustituido por otro.