Consumo pide a los ayuntamientos investigar juntos los anuncios de pisos ilegales en Airbnb

El Gobierno sigue avanzando en su plan para poner coto a la proliferación de los alquileres turísticos, un fenómeno que ha desatado una oleada de protestas coincidiendo con inicio de la temporada vacacional.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se ha puesto en contacto con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para proponer a los ayuntamientos de todo el país que colaboren con la investigación que el departamento que dirige Pablo Bustinduy puso en marcha a comienzos de junio sobre las plataformas de alquiler turístico por anunciar viviendas que operan sin licencia, una práctica que supondría una infracción de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

A principios de mes, la Dirección General de Consumo envió requerimientos a las principales plataformas de alquiler turístico para obtener información sobre las viviendas que son anunciadas así. Con la información que le suministren, los responsables de Consumo quieren determinar la actividad y responsabilidad de aquellos grandes arrendadores o empresas dedicadas a la gestión de numerosos pisos turísticos en diversas comunidades y que podrían estar incurriendo en prácticas comerciales desleales al anunciar pisos turísticos que no disponen de licencia para operar como tal.