Expedientes, notas, reuniones y 'listas negras' acorralan a la directora de la Guardia Civil y a su DAO por las coacciones a la UCO

Este calendario lleno de casualidades temporales y la confección de toda una 'lista negra' de funcionarios involucrados en las investigaciones más sensibles para los intereses de Moncloa, son los que comprometen a González y a su número dos, Manuel Llamas. Esa avalancha de pruebas e indicios son los que les han costado la imputación por presunta prevaricación administrativa y obstrucción a la justicia.

La Fiscalía Anticorrupción y el juez Santiago Pedraz, que asume las tesis del Ministerio Público, sitúan esa secuencia de hechos en el marco de una organización supuestamente delictiva que buscaba «neutralizar» procesos judiciales «en beneficio propio, del PSOE y del entorno del presidente del Gobierno».

Las dos fiscales de la causas refieren actuaciones coordinadas para «atacar la probidad de la actuación de la UCO y la necesaria tranquilidad de sus efectivos» y definen el resultado como «intimidación institucional».